Comisión de Mujeres y Equidad de Género / Miércoles 4 junio 2025 - YouTube

La fundación denuncia un abandono por parte del Estado hacia los pacientes con COVID persistente y con efectos adversos a las vacunas. Señalan que instituciones clave como la SUCESO (Superintendencia de Seguridad Social), el MINSAL, la COMPIN y el Ministerio del Trabajo no han dado respuestas efectivas a pesar de un año y medio de mesas de trabajo.

Hallazgos y Denuncias Principales

1. Fallos en el Sistema de Salud (Mutualidades y Sistema Público):

• Falta de diagnóstico y conocimiento: Los profesionales de la salud no están capacitados para diagnosticar o tratar el COVID persistente. Los propios pacientes deben educar a sus médicos.

• Ausencia de equipos multidisciplinarios: Los pacientes no son derivados a especialistas (neurólogos, cardiólogos, reumatólogos), lo que provoca un deterioro progresivo y daños a menudo irreversibles (pérdida de audición, polineuropatías, etc.).

• Minimización de síntomas: Se minimizan y desestiman las múltiples dolencias de los pacientes (fatiga crónica, niebla mental, taquicardias, dolores musculares, entre más de 35 síntomas).

• Altas médicas tempranas e injustificadas: Las mutualidades dan de alta a trabajadores que no están en condiciones de volver a sus labores, incluso a pacientes oxígeno-dependientes, obligándolos a tomar licencias por el sistema común (Fonasa/Isapre), lo cual genera un costo para el Estado y el trabajador.

2. Fallos Institucionales y de Fiscalización:

• Nula fiscalización de SUCESO: A pesar de los reclamos formales presentados por la fundación contra las mutualidades, SUCESO no ha realizado una fiscalización efectiva.

• Inconsistencia de la COMPIN: Las comisiones de medicina preventiva e invalidez (COMPIN) entregan porcentajes de discapacidad distintos para las mismas patologías, dependiendo de la región.

• Vulneración de normativas para funcionarios públicos: Se está enviando a funcionarios públicos a evaluación de incapacidad laboral sin haber agotado todas las instancias de tratamiento ("meseta terapéutica"), contraviniendo dictámenes de la Contraloría y arriesgándolos al cese de sus funciones.

• Falta de estadísticas y seguimiento: No se publican cifras actualizadas de fallecidos por COVID (más de 430 en lo que va del año, según la fundación) ni se hace un seguimiento adecuado de los casos de efectos adversos de las vacunas.

3. Consecuencias para los Pacientes:

• Deterioro físico y mental: Los pacientes sufren un empeoramiento crónico de su salud por la falta de tratamiento oportuno. Se mencionaron casos de personas con trombosis, ACV, infartos y secuelas invalidantes.

• Desvinculaciones y discriminación laboral: Hay casos de trabajadores desvinculados de sus empleos (mencionan a un carabinero) tras ser diagnosticados y quedar con secuelas.

• Impacto de género: Se destaca que más del 90% de los afectados en la fundación son mujeres, quienes enfrentan discriminación como madres, trabajadoras y parejas.

• Judicialización de los casos: Ante la falta de respuesta, los pacientes han tenido que llevar sus casos a la fiscalía para buscar el reconocimiento de sus derechos.

En resumen, la exposición ante la comisión reveló un sistema que no reconoce, no diagnostica ni trata adecuadamente las secuelas del COVID y los efectos adversos de las vacunas, dejando a miles de personas, en su mayoría mujeres, en una situación de total vulnerabilidad física, laboral y económica.